La Tragedia de la Cuesta incorporó nuevas páginas
Un nuevo capítulo se sumó a la larga historia que comenzó el 25 de junio de 2017 cuando un colectivo que trasladaba a un grupo de alumnos, profesores y padres de la escuela de baile “Soul Dance” volcó en la Cuesta de los Terneros. Siniestro vial que terminó con la vida de 15 personas.
En esta oportunidad la noticia está relacionada con la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó las condenas a la dueña del micro y a los responsables del taller donde se realizó la revisión técnica de la unidad por adulterar la documentación del rodado, considerando que las deficiencias mecánicas eran muy marcadas.
De esta forma, fue ratificada la decisión del Tribunal Oral Federal N°4 de la Ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
En síntesis, fue confirmada la pena de tres años de prisión para Marcia Villagra, propietaria de la empresa de transporte y esposa del chofer que murió en el siniestro vial. También se ratificó la condena de cinco años y dos meses para Mario Pinelli, dueño del taller mecánico Control Automotores, lugar donde se hizo la revisión técnica vehicular.
Además, el fallo de la Cámara confirmó las penas para los ingenieros Mario Eusebio, Edgardo Gallardo y Efraín Peralta, a cuatro años y cuatro meses, tres años, y dos años y diez meses respectivamente. Estos tres sujetos fueron encontrados responsables de facilitar el acceso al sistema con el uso de usuarios y claves.
Respecto de la Justicia local, el caso quedó trunco, por ahora, con la decisión que tomó el juez Rodolfo Luque en septiembre pasado cuando consideró que la responsabilidad penal era exclusiva de Damián Pinelli, el chofer que manejaba el micro al momento del siniestro vial.
Vale recordar que la causa se encaminaba a un juicio por jurado popular, donde el banquillo esperaba a Marcia Villagra y a Jorge Pinelli, el otro chofer del colectivo. No obstante, con el fallo de Luque ambos fueron sobreseídos.
Se agregarán más páginas a esta historia, teniendo en cuenta que los abogados que representan a las familias de las víctimas apelaron la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
